sábado, 24 de octubre de 2015

Las pensiones de las y los emigrantes retornados

Os dejo mi intervención en el último Pleno de la Asamblea de Extremadura defendiendo las pensiones de los emigrantes retornados:

"Estimado contribuyente, la Administración Española ha tenido conocimiento de la existencia de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que han percibido pensiones procedentes del extranjero y que no han sido declaradas correctamente, lo que ha dado lugar a actuaciones de regularización por parte de la Agencia Tributaria".

Así comenzaba la carta certificada de Hacienda que, allá por el mes de febrero, encontraban en sus buzones alrededor de 800.000 españoles jubilados que cobran alguna pensión procedente del extranjero.

Carta como la que recibió Alejandro, un paisano extremeño de 62 años que trabajó durante veintinueve años en un fábrica de quesos en Alemania, un pensionista retornado que tendrá que hacer frente a una cantidad que oscila entre los 5.000 y los 6.000 euros, cuando cobra actualmente unos 950 euros al mes, 856 que corresponden a la pensión alemana y 96 euros del Estado español.

Luis, otro paisano extremeño, también emisario de una de estas cartas. Se enfrenta a una deuda de 8.000 euros con Hacienda. Cobra 800 euros de pensión por haber trabajado durante casi treinta años en un astillero en Alemania y 500 euros de pensión en España.

O Herminia, que a sus 76 años recién cumplidos se ve inmersa en una situación que la supera. Herminia, como otras muchas extremeñas, en los años sesenta se fue a Alemania a buscarse la vida y allí trabajó durante once años en una fábrica de hilos, junto a su marido. Acabaron regresando a Extremadura y actualmente cobra 320 euros de pensión por Alemania y 600 euros de viudedad por España. Ahora ha visto cómo por su imposibilidad de pagar las importantes reclamaciones realizadas por Hacienda han embargado sus cuentas.

Señorías, así hasta 800.000 dramas familiares, hasta 800.000 pensionistas con serias dificultades para hacer frente a estas reclamaciones abusivas, 800.000 pensionistas a los que la información que siempre les había dado la Agencia Tributaria era la misma: "Sus pensiones del extranjero no tienen obligación alguna de regularizarse en el IRPF". Incluso los borradores que les llegaban de Hacienda para realizar sus declaraciones de renta no incorporaban estos conceptos.

Hoy tratamos este asunto en la Asamblea de Extremadura, de donde quiero dar la bienvenida a los señores diputados de Podemos a la causa en defensa de este colectivo de emigrantes retornados.

Quiero recordarles, que la defensa la ha abanderado el Partido Socialista en el Congreso y en el Senado, llevando a debates diversas iniciativas parlamentarias, que solo encontraron la insolidaridad y solo encontraron el rechazo por parte del Grupo Popular y por parte del Gobierno de Rajoy, demostrando que este gran problema, el problema de este colectivo, no les importaba lo más mínimo.

Dicho esto, y como coincidimos en su totalidad con las peticiones que incorporan en su propuesta de pronunciamiento, señor Hierro, vamos a apoyarla, porque son reivindicaciones y peticiones que mi partido ya ha hecho en sede parlamentaria en su momento.

Otra cosa bien distinta es que en estos momentos a quien le dirigimos esta petición, al Gobierno de la nación, pues posiblemente pueda hacer poco, y ojalá cuando llegue esta propuesta de pronunciamiento al Gobierno haya otro Gobierno más sensato y más responsable que la tenga en cuenta.

Señorías, ni Alejandro, ni Luis, ni Herminia, ni el resto de los 800.000 pensionistas retornados, con pensiones procedentes del extranjero, merecen el maltrato, merecen el acoso y el merecen el derribo que están sufriendo por parte del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria.

Qué decir cabe que la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, aprobada por el Partido Popular en las Cortes Generales, desprecia a quienes merecen el mayor de los respetos, a aquellas y a aquellos que tuvieron a una maleta vacía y tirarse al mundo para ganarse fuera lo que se les negaba en su propio país.

Es una indignidad que a este colectivo se les tache de defraudadores.

Sí, señora Correa, el señor Montoro y el Partido Popular los han llamado y los siguen llamando defraudadores, cuando había que agradecerles a todas y cada una de estas personas que se hayan dedicado toda su vida a mandar divisas a este país y lo sigan haciendo en este momento.

Y, sin embargo, en 2012 el Gobierno ha promovido un cambio en la ley para ayudar a auténticos defraudadores, a personas que han obtenido rentas y patrimonios no sabemos cómo, y que lo siguen haciendo y no sabemos dónde tienen ese patrimonio, personas para las cuales se ha creado una amnistía fiscal, que ha significado que se ha eliminado todo tipo de gravámenes, intereses de demora, recargos y sanciones, y que, además, lo más grave, no se les ha exigido que retornen esos dineros a nuestro país. Por cierto, lista de defraudadores que, no sabemos por qué, el Gobierno sigue sin hacer pública.

Es demagógico, señora Correa, que se acuerde usted en esta Cámara de esas personas que lo están pasando mal, y que su partido, el Partido Popular, esté haciendo muy poquito por ellos. Y ustedes muy poquito hacen también al no apoyar esta propuesta de pronunciamiento que presenta hoy aquí el Grupo Podemos.

Lo que tienen que hacer, señorías, es reconocer lo mal que lo han hecho en estos menesteres, sobre todo lo mal que se están portando con este colectivo y pedirles perdón por haberles llamado defraudadores, por haberles metido la zarpa en sus ahorros y por haber hecho la vida un poco más difícil a todas estas familias.

Finalizo con la tranquilidad y confianza en que muy pronto se producirá un cambio de gobierno en este país, que devolverá la dignidad a este colectivo y que impulsará, porque formará parte de nuestro programa electoral, el del Partido Socialista, una reivindicación histórica de estos pensionistas retornados, que no es otra que la homologación de las pensiones públicas del extranjero, lo que permitirá que las pensiones de invalidez permanente y gran invalidez que se reciben del extranjero se traten como las pensiones públicas de nuestro país.


Nada más y muchas gracias.

sábado, 10 de octubre de 2015

Las listas de espera sanitarias

Extremadura siempre se caracterizó por tener uno de los mejores Servicios de Salud de nuestro país. Un compromiso y una responsabilidad de unos Gobiernos, los Socialistas, que priorizaban el gasto público en la atención de las necesidades sanitarias de las y los extremeños. Y hablo en pasado, porque tristemente hemos tenido que sufrir en estos últimos cuatro años, un Gobierno que se ha dedicado a recortar en sanidad, en una clara apuesta por desmantelar este servicio público, intentando un cambio de modelo sanitario en nuestra región.

En alguna de las siguientes entradas hablaremos de los recortes sanitarios que llevó a cabo el Gobierno de Monago, y las medidas correctoras que el nuevo Gobierno ha tenido que llevar a cabo para volver a reconducir el camino de nuestra sanidad. Esa que fue un ejemplo a seguir, y que otras y otros se encargaron de tirar por la borda.

Hoy toca hablar de las listas de espera sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, cifras que siempre han tenido controversia, hablando con total subjetividad, sin dar pasos como los que el nuevo Gobierno pretende impulsar constituyendo a nivel parlamentario, en la Asamblea de Extremadura, una mesa de seguimiento de las listas de espera que aportaran objetividad y transparencia a las listas de espera sanitarias.

No es de recibo encontrarse datos tan catastróficos, en algo que tenía que ser una prioridad para cualquier gobernante, una atención sanitaria, lo más temprana posible, a la población que la demanda. Es una verdadera indignidad que el Gobierno entrante encuentre datos, auditados en este pasado mes de junio, con 189.979 solicitudes en algunas de las listas de espera sanitaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, encontrando 99.982 solicitudes sin cita en ese momento, es decir, estaban incluidos por parte del médico proponente, fuese su médico de cabecera o fuese algunos de los médicos responsables de proponer la intervención quirúrgica o prueba complementaria correspondiente, estaban incluidos en JARA pero no estaba terminado el proceso para dar la cita posterior a la consulta, a la prueba o a la intervención quirúrgica. 

De todas estas solicitudes 87.089 están en lo que consideramos fuera de garantías; quiere decir, están esperando más o es previsible que esperen más que lo que marca la Ley de Tiempos de Respuesta del año 2005, que se establece en 180 días para intervenciones quirúrgicas, 60 para consultas externas y 30 para pruebas complementarias. 

En la lista de espera quirúrgica el tiempo medio de espera en el momento actual es de 121 días. Y 4.729 solicitudes se encuentran fuera de garantía, es decir, están esperando o tienen en previsión esperar más de 180 días. Y dentro de esas 4.729 hasta un total de 1.594 se encuentran esperando más de un año para intervenirse quirúrgicamente. 

En la lista de espera de consultas externas hay, en el momento actual, 82.240 solicitudes en espera. 36.922 están sin fecha asignada. Y 36.611 se encuentra fuera de garantía, es decir, tienen que esperar más de 60 días para que se le atienda en alguna de las consultas. 

En la lista de espera de pruebas complementarias hay 25.546 solicitudes en espera. Sin fecha asignada 14.536 y fuera de garantías 6.433. Les detallo algunos tiempos de espera medios en la Comunidad Autónoma para las pruebas radiológicas que es la que tiene unos índices más consensuados en todo el territorio nacional. El tiempo medio de algunas pruebas complementarias son: para la TAC, 63 días; para la resonancia magnética nuclear, 64 días; para las ecografías, 95 días; para las mamografías, 140 días; para las endoscopias, 189 días. 

Que decir cabe, que la situación de las listas de espera no se encuentra dentro de estos límites asumibles en materia sanitaria y en materia social, por tanto, el nuevo Gobierno Socialista tiene que actuar de forma decidida, tomando medidas y priorizando las políticas sanitarias por encima de otras, ya que de no ser así nunca volveremos a recuperar la credibilidad, ganada a pulso, de que el Servicio Extremeño de Salud era considerado uno de los mejores del país.